En fechas recientes, las autoridades han detectado que diversos grupos de la delincuencia organizada han utilizado drones como armas para atacar objetivos de una forma efectiva, y sin correr grandes riesgos, ya que son dirigidos a larga distancia, sin que el “operador” ponga en peligro su integridad física.
Los drones, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados (UAV), controlados a distancia, se desarrollaron inicialmente para aplicaciones militares y luego se extendieron al uso civil en áreas comerciales, logísticas, recreativas y agrícolas. Igualmente, empezaron a usarse por fotógrafos profesionales y camarógrafos, gracias a la adopción de diversas tecnologías innovadoras, como la móvil o de video, así como software y ecosistemas avanzados.
Después de años de desarrollo, la gama de modelos de drones de consumo es casi ilimitada: ya existen tricópteros, cuadricópteros, hexacópteros, u octocópteros, de 3, 4, 6 u 8 rotores,. Y hay desde modelos para aficionados hasta profesionales con cámara, sistemas de detección de obstáculos, alcance de vuelo de hasta 5 kilómetros y 30 minutos de tiempo en el aire.
Es de tal dimensión el crecimiento global del mercado de drones, que se calcula que los ingresos ascenderán a 20.98 millones de euros al finalizar este año, y se espera que el mercado crezca anualmente un 6.36% hasta el año 2028. El mercado más significativo es el de China, en donde se habrán vendido 1,309 millones de euros en el 2023.
Sin embargo, los beneficios de su uso se han ido degradando debido a las aplicaciones que le ha encontrado el crimen organizado. Han desarrollado modos sofisticados que les permiten anular sistemas de cómputo o extraer información confidencial de forma remota; o para el contrabando de drogas; lanzamiento de materiales ilegales sobre las cárceles; vigilar casas y zonas pobladas o monitoreando a las Fuerzas del Orden.
En nuestro país ya es una preocupación el uso de drones con fines delictivos, para las instituciones oficiales de seguridad y para organismos de carácter privado relacionadas también con la seguridad privada como el CNB. De hecho, tanto medios nacionales comointernacionales han señalado el auge de la creación de unidades especializadas en diseñar estrategias de ataque con el uso de drones armados para atacar bandas rivales, fuerzas del orden e incluso a la población.
Tal situación ha contribuido a que el Ejecutivo Federal haya enviado una iniciativa de Ley al Poder Legislativo para “prevenir, evitar y castigar el uso de drones en actos contra bienes y servicios públicos o privados, la integridad física o la vida de las personas, o que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional”. Un proyecto del presidente López Obrador propone penas de hasta 53 años de cárcel por el uso de drones o naves dirigidas cargados con droga, explosivos o usadas para atacar a la población civil o alguna institución.
El tema presenta cierta urgencia debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha detectado un aumento en el uso de drones, que ya suman 605 ataques desde 2020, con mayor incidencia en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. En el transcurso del 2023 suman 260 ataques; en 2022 fueron 233; un año antes se reportaron 107, mientras que en 2020 fueron cinco. Desde 2019 a junio de este año, la Sedena ha decomisado 25 drones, y la Fiscalía General de la República contabiliza el aseguramiento de 17, entre el 2018 y febrero de 2023.
Ante tal panorama, el Consejo Nacional de la Industria de la Balística seguirá promoviendo y fortaleciendo alianzas con instituciones de seguridad pública y privada, para difundir información de valor y contribuir con su conocimiento y experiencia en el sector del blindaje,como elementos de protección y defensa. Su propósito es contribuir a la seguridad de las personas y sus bienes, y todas sus empresas asociadas estan preparadas para hacerlo.
